Marcela Ronco — Amine Habichayn
Con la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993 y a diez años de su implementación, el balance que los docentes podemos hacer no es menos que catastrófico. La calidad educativa que se pretendía lograr no ha sido más que un mero slogan para imponer el ajuste y poner la educación al servicio del mercado, donde priman los intereses de los que más tienen.
La Ley Federal de Educación estuvo y está signada por el ajuste económico estructural propiciado por organismos internacionales (FMI, BM, BID, ONU, UNESCO, etc.) Un ajuste económico que tiene como objetivo el pago de una deuda externa fraudulenta a través de la precarización y flexibilización de las/os trabajadoras/es ocupadas/os y la ausencia de oferta laboral que ha acrecentado la masa de trabajadoras/es desocupados en nuestro país.
En este contexto, se enmarcó la actual reforma educativa que pretendió, según el discurso oficial, una educación de calidad para todos. Sin embargo, la implementación de esta reforma en el país y en la provincia tiene un enorme inventario de medidas que afectaron de raíz al sistema educativo en su conjunto.
El deterioro de las instituciones educativas, se vio reflejado en edificios con vidrios rotos, sin ventiladores y estufas, baños que no funcionan, falta de agua, ausencia de materiales, desde los mas elementales como las tizas y libros, hasta la ironía de escuelas con computadoras... pero sin lugar físico y cargo docente para ponerlas a funcionar. El listado parece no tener fin, anexos escolares aislados y sin comunicación, emergencia medica deficitaria en los lugares que existe, etc, etc, etc. Numerosos son los datos que conocemos y podemos dar en cuanto al abandono del sostén económico de los gobiernos nacional y provincial que durante estos 10 años disminuyeron el presupuesto educativo en función de pagar la Deuda Externa.
La escuela, se asemeja cada vez más a una institución de servicio, convirtiéndose en forma paulatina en una empresa que en el marco de la oferta y la demanda, distribuye conocimientos de calidad a sus clientes -alumnos-. El discurso de la participación ciudadana intenta justificar la incidencia de las empresas y sectores interesados, generando una privatización encubierta a partir de la autogestión y el autofinanciamiento (escuelas charter y voucher).
En este sentido el proyecto de autogestión escolar de Rodríguez Saa para la provincia de San Luis, intenta avanzar con esta política. La misma consiste en sancionar una ley que permita la creación de un “fondo educativo por establecimiento” que garantizaría la potestad de tres personas en cada establecimiento, un directivo, un padre y un docente para “manejar fondos, nombrar o cesantear docentes y decidir el monto de las retribuciones”. En el artículo 5 se pauta que cada escuela organice las convocatorias públicas para cubrir las vacantes surgidas en el transcurso de la actividad escolar. Los docentes serian evaluados por un Consejo Escolar Interno (CEI), que tendría a su cargo también la asignación de presupuesto.
En la misma situación se encuentra la ciudad de Buenos Aires, con el plan educativo que el gobernador Solá propone para que se implemente en el 2004-2007 llamado, La Nueva Escuela, que convertiría a las escuelas en el reservorio que las empresas necesitan para obtener mano de obra precarizada. Este plan contempla entre otras cosas un proyecto llamado Patios Abiertos En Las Escuelas, que intentaría que los alumnos, a los que llama de “riesgo social” pasen mayor tiempo en las escuelas haciendo otras actividades. Aquí las/los docentes extenderían su jornada de trabajo por el mismo sueldo ya que estaría considerado el trabajo dentro de un mismo cargo.
Otros de los aspectos sobre el cual muy “inteligentemente” han avanzado los organismos internacionales y sobre los que los gobiernos y ministros de educación y “trouppe” de intelectuales han colaborado, es en la reforma curricular, transformando los contenidos en función de educar para el trabajo, formando estudiantes que se conviertan en trabajadores polivalentes, que aseguren mayor productividad a las empresas y a muy bajo costo. Cabe señalar aquí el proyecto de vinculación empresa-escuela que Filmus plantea para las escuelas técnicas.
El avance constante y solapado que el gobierno hace sobre nuestras condiciones laborales se ha expresado en estos diez años en distintas leyes, decretos y resoluciones. La reforma laboral, los nuevos regímenes de licencia y jubilaciones (mujeres 60 años, hombres 65 años), las evaluaciones, el perfeccionamiento arancelado, cargos y horas cátedras que se pierden, cursos que se fusionan o se cierran por perdida de matrícula que coloca a los docentes en disponibilidad y en absoluta incertidumbre laboral, concursos de ingreso a la docencia que no se hacen, etc, etc, etc.
A lo largo de estos diez años hemos puesto “nuestro cuerpo” y hemos sentido sobre él, el deterioro del sistema, cumpliendo con nuestra tarea cansadas/os, enfermas/os, atadas/os de pies y manos por los miserables y necesarios $80.- de presentismo que producto de la gran huelga de septiembre logramos sacar. Pero sobre esto hacemos una alerta y es el intento que hace el gobierno -después de la gran huelga docente que llevamos adelante- de medir nuestra disposición a luchar, al dejar vigente en la aplicación del presentis
mo, el artículo 12 del Decreto 2991/00, que ratifica el descuento del mismo en caso de “desobligación o medidas de fuerza”.Aún así, estamos convencidas/os que sólo nuestra resistencia en las escuelas pero por sobre todo en las calles movilizándonos y organizándonos, juntas/os como en la huelga de septiembre, es la que la logrado frenar esta ley.
Y es la memoria de esa experiencia de organización y de lucha la que nos debe señalar el camino para el no inicio de clases en el 2005. No bajemos los brazos. Las/los docentes santafesinas/os, supimos torcerle el brazo al gobierno, confiemos en nuestras fuerzas, en la unidad con nuestras/os alumnas/os y sus padres, recuperemos el apoyo de la comunidad, y convoquemos a todas/os los trabajadoras/es que a lo largo y a lo ancho de este país siguen peleando por un aumento salarial real, exigiendo mejores condiciones laborales, enfrentando a los gobiernos provinciales y al gobierno de Kirchner.
